Condena de cárcel por falsear las inscripciones romanas en euskera de Iruña-Veleia

La condena se ha visto reducida de forma significativa por las "dilaciones indebidas" en el proceso, que ha durado 15 años

El exdirector del área arqueológica, Eliseo Gil (en el centro), junto
a los otro dos acusados, Rubén Cerdán (a la derecha)
y Óscar Escribano (a la izda.), durante su declaración ante el juez. EFE

El 9 de junio de 2006, arqueólogos vascos subvencionados por la empresa pública Euskotren y la Diputación foral de Álava comunicaron un hallazgo excepcional. Las excavaciones realizadas por la empresa Lurmen dirigida por el arqueólogo Eliseo Gil había localizado 36 piezas en el asentamiento romano de Veleia (a 10 kilómetros al sur de Vitoria) con inscripciones en latín, jeroglíficos egipcios y... palabras en euskera. Restos de los siglos III, IV y V que convertían el yacimiento arqueológico alavés en un espacio único porque exigían reconsiderar todo lo que hasta ese momento se sabía sobre el euskera.

Catorce años y un día después, la Justicia ha dictado que Gil manipuló las piezas con inscripciones falsas y que contó con la colaboración de Rubén Cerdán, un supuesto físico nuclear, en su fraude. Los dos han sido hoy condenados a penas de prisión de dos años y medio y un año y tres meses de cárcel, respectivamente, y al pago de 12.500 euros a la Diputación de Álava.

La sentencia contra Gil y Cerdán acredita judicialmente la gran mentira creada por un arqueólogo que ha mantenido su inocencia con el argumento de que nadie puede acreditar quién manipuló los hallazgos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal de Vitoria sostiene que fue Gil u "otras personas" porque no ha podido acreditar quién manipulaba con simples punzones las piezas no mostraban ninguna particularidad cuando eran recogidas y, meses más tarde tras ser almacenadas, mostraban las singulares marcas en el posterior proceso de lavado. Oscar Escribano, colaborador de Gil, ya había reconocido que manipuló una pieza con la inscripción 'Veleia' en el inicio de la vista oral y tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

APOYO INSTITUCIONAL
El fraude en el yacimiento arqueológico se produjo a partir del año 2005, pero Gil contaba con un generoso apoyo institucional. En 2002, el arqueólogo logró una subvención de la empresa de transportes del Gobierno vasco Euskotren de 3,7 millones de euros para un periodo de 10 años y la Diputación de Álava aportaba al proyecto de investigación 18.000 euros anuales.

Según la sentencia, restos arqueológicos hallados a partir del verano de 2005 eran almacenados en instalaciones del propio yacimiento y meses después durante su lavado se descubrían las excepcionales inscripciones. Entre las piezas 'retocadas' se encontraban 36 restos de época romana sobre las que se realizaron las grabaciones. Una manipulación que a Gil y Cerdán tan sólo les va a suponer el pago de 72 euros de multa.

Gil recurrió a Cerdán para simular ante la Diputación de Álava a través de tres presuntos análisis de espectroscopia nuclear la autenticidad de las inscripciones en función de la naturaleza de las piezas encontradas. Los dos cómplices del fraude cobraron de la institución alavesa los 12.500 euros que ahora tendrán que abonar. La juez determina en su sentencia que la "dilación" de esta investigación judicial que arrancó en diciembre de 2008 cuando la Diputación de Álava presentó ante la fiscalía su denuncia.

(Fuente: El Mundo // Josean Izarra)

Denuncian falta de rigor en el informe que cuestiona los grafitos de Iruña- Veleia

El informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España concluye que 35 de los 39 grafitos analizados son recientes y, por tanto, falsificaciones. Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo.

El exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña- Veleia, Eliseo Gil, ha denunciado la "falta de rigor" y "superficialidad" del informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que concluye que 35 de los 39 grafitos analizados son recientes y, por tanto, falsificaciones.

Gil ha comparecido ante los medios de comunicación para opinar sobre este informe, elaborado a instancias del juzgado de Vitoria que lleva el caso contra Gil y la excodirectora del proyecto, Idoia Filloy, a los que la Diputación de Álava denunció por atentado contra el patrimonio y estafa.

Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo.

Varios expertos cuestionaron la autenticidad de estos hallazgos porque consideraron que las palabras en latín y en euskera que aparecían inscritas en los grafitos eran demasiado vulgares o modernas para la época.

Finalmente, la Diputación denunció a Gil y Filloy, y el juzgado que lleva el caso ordenó un análisis de las inscripciones para determinar su autenticidad o falsedad.

«OBSERVACIONES SUPERFICIALES»
Según ha explicado Gil, en un primer momento el juzgado encargó el estudio a la Guardia Civil y posteriormente a la Ertzaintza pero ambos cuerpos comunicaron que "no estaban capacitados ni disponían de medios para este tipo de trabajos".

En julio de 2012 el encargó recayó en el IPCE, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, que ha redactado un informe que es "un auténtico despropósito" porque basa sus conclusiones en "observaciones superficiales con un microscopio" pero no en pruebas químicas, por lo que no tiene "ninguna base analítica ni científica", ha afirmado.

En este sentido, Gil ha explicado que un análisis superficial detecta "las huellas de todas las manipulaciones" que han sufrido los grafitos para su limpieza o estudio, pero no "resuelve de forma definitiva el tema de la autenticidad", para lo que es necesario estudiar "lo que hay debajo", por lo que ha pedido un nuevo estudio en profundidad.

En cuanto a la veintena de "metales modernos" hallados por el IPCE en las piezas, el arqueólogo ha explicado que los grafitos han pasado por "distintas manos y herramientas" y que la presencia de metales "debe interpretarse en este sentido y nunca como una evidencia de falsificación", especialmente cuando un análisis de 2008 no halló restos de ellos, ha argumentado.

INSCRIPCIONES ALTERADAS "VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE"
El arqueólogo ha expresado sus "fundadas sospechas" de que las inscripciones han sido "alteradas voluntaria o involuntariamente" y ha criticado que el IPCE no haya analizado huesos o ladrillos -piezas que también están bajo cuestión- porque con pruebas "simples, rápidas y baratas" de Carbono 14 y de termoluminiscencia, respectivamente, se datarían de forma "inequívoca".

Además, Gil ha asegurado que "no ha existido cadena de custodia de los materiales durante los últimos seis años" y ha denunciado que las piezas "han estado en manos de la parte querellante, cuando deberían haber permanecido bien guardadas y precintadas en sede judicial".

"Esta falta de custodia, algo inaudito en cualquier sistema judicial, es causa suficiente para cerrar el caso por indefensión", ha dicho Gil, que desde que estalló el escándalo se siente "en un limbo donde no hay ninguna salida laboral".

En términos parecidos se ha expresado Filloy: "Profesionalmente nos han finiquitado de forma definitiva. Y a nivel personal, esto es una tortura, una situación horrorosa".

En la rueda de prensa también ha participado el geoquímico Koenraad van den Driescche, que ha denunciado que el IPCE, en lugar de plantear varias hipótesis en sus análisis, "trabaja sólo con la hipótesis de la falsedad".

(Fuente: Diario Vasco / EFE)