El exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña- Veleia, Eliseo Gil, ha denunciado la "falta de rigor" y "superficialidad" del informe del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que concluye que 35 de los 39 grafitos analizados son recientes y, por tanto, falsificaciones.
Gil ha comparecido ante los medios de comunicación para opinar sobre este informe, elaborado a instancias del juzgado de Vitoria que lleva el caso contra Gil y la excodirectora del proyecto, Idoia Filloy, a los que la Diputación de Álava denunció por atentado contra el patrimonio y estafa.
Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo.
Varios expertos cuestionaron la autenticidad de estos hallazgos porque consideraron que las palabras en latín y en euskera que aparecían inscritas en los grafitos eran demasiado vulgares o modernas para la época.
Finalmente, la Diputación denunció a Gil y Filloy, y el juzgado que lleva el caso ordenó un análisis de las inscripciones para determinar su autenticidad o falsedad.
«OBSERVACIONES SUPERFICIALES»
Según ha explicado Gil, en un primer momento el juzgado encargó el estudio a la Guardia Civil y posteriormente a la Ertzaintza pero ambos cuerpos comunicaron que "no estaban capacitados ni disponían de medios para este tipo de trabajos".
En julio de 2012 el encargó recayó en el IPCE, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, que ha redactado un informe que es "un auténtico despropósito" porque basa sus conclusiones en "observaciones superficiales con un microscopio" pero no en pruebas químicas, por lo que no tiene "ninguna base analítica ni científica", ha afirmado.
En este sentido, Gil ha explicado que un análisis superficial detecta "las huellas de todas las manipulaciones" que han sufrido los grafitos para su limpieza o estudio, pero no "resuelve de forma definitiva el tema de la autenticidad", para lo que es necesario estudiar "lo que hay debajo", por lo que ha pedido un nuevo estudio en profundidad.
En cuanto a la veintena de "metales modernos" hallados por el IPCE en las piezas, el arqueólogo ha explicado que los grafitos han pasado por "distintas manos y herramientas" y que la presencia de metales "debe interpretarse en este sentido y nunca como una evidencia de falsificación", especialmente cuando un análisis de 2008 no halló restos de ellos, ha argumentado.
INSCRIPCIONES ALTERADAS "VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE"
El arqueólogo ha expresado sus "fundadas sospechas" de que las inscripciones han sido "alteradas voluntaria o involuntariamente" y ha criticado que el IPCE no haya analizado huesos o ladrillos -piezas que también están bajo cuestión- porque con pruebas "simples, rápidas y baratas" de Carbono 14 y de termoluminiscencia, respectivamente, se datarían de forma "inequívoca".
Además, Gil ha asegurado que "no ha existido cadena de custodia de los materiales durante los últimos seis años" y ha denunciado que las piezas "han estado en manos de la parte querellante, cuando deberían haber permanecido bien guardadas y precintadas en sede judicial".
"Esta falta de custodia, algo inaudito en cualquier sistema judicial, es causa suficiente para cerrar el caso por indefensión", ha dicho Gil, que desde que estalló el escándalo se siente "en un limbo donde no hay ninguna salida laboral".
En términos parecidos se ha expresado Filloy: "Profesionalmente nos han finiquitado de forma definitiva. Y a nivel personal, esto es una tortura, una situación horrorosa".
En la rueda de prensa también ha participado el geoquímico Koenraad van den Driescche, que ha denunciado que el IPCE, en lugar de plantear varias hipótesis en sus análisis, "trabaja sólo con la hipótesis de la falsedad".
(Fuente: Diario Vasco / EFE)
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