Pero la noticia es mucho más triste, puesto que el propio Gobierno de Panamá está dando respaldo a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI), con la que ha firmado un contrato para repartirse el resultado de las excavaciones a razón de 65% para la firma y 35% para el Gobierno. El contrato incluye preferencia para edificar un museo con las piezas del Gobierno, si se hiciera.
Según los documentos el fin es comercial. El asunto cobra su total gravedad porque además Panamá es uno de los primeros países que ratificaron la Convención Unesco 2001 para la Protección del Patrimonio Subacuático, el instrumento internacionalmene reconocido por los arqueólogos. Tanto ese organismo como el Gobierno español han enviado sendas cartas a las autoridades panameñas.
La misiva de Unesco la firma Alfredo Pérez de Armiñán, subdirector de Cultura, y recuerda a Mariana Núñez Emiliani, directora general del Instituto Nacional de Cultura (INC), que el permiso emitido a IMDI en 2013 es ilegal, puesto que fue posterior a la vigencia de la Convención en Panamá (firmada en 2003 y aplicable desde 2009). Ese permiso se concretó en una resolución N°136-13 de 16 de julio de 2013. Unesco sigue presionando a las autoridades para que corrijan su actitud.
LA SOCIEDAD CIVIL
Las primeras noticias de esta catástrofe cultural comenzaron a llegar a España el pasado verano gracias a la intervención de miembros de la sociedad civil, cuando el abogado José María Lancho, en nombre del Instituto para la Memoria Arqueológica Naval Hispánica, recibió la denuncia de la maraña legal que iba a posibilitar este expolio. De hecho, en febrero de 2014 se habían extraído materiales (1.063 monedas de plata, dos balas de mosquete, dos cureñas de cañón, una joya de oro y varias piezas de cerámica), aunque no eran los primeros.
El citado Instituto tratará de sumar posibles cauces a la participación de la sociedad civil a los criterios y acción jurídicos, y los protocolos arqueológicos para proteger el patrimonio hispánico sumergido. Y también oponerse a la actividad cazatesoros informando sobre la amenaza y la vulnerabilidad del mismo. El propio Lancho informó de esa maraña legal que acontecía en Panamá en el último congreso arqueológico Ikuwa, celebrado el pasado mes de septiembre en el Arqua de Cartagena.
El contrato original de 2003 considera los restos del San José objetos hundidos cualesquiera. Hacen la distinción («ilegal y errónea», según Lancho) entre objetos de valor «comercial» y objetos de valor «histórico y cultural». Hubo dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que pidieron a las autoridades panameñas de Patrimonio que definieran qué objetos son de valor histórico y cultural que no se pueden comercializar. «A todas luces, el tesoro del San José es de valor cultural, histórico, arqueológico y patrimonial, y no se puede comercializar», señala Lancho.
El citado permiso de 2013 extiende la autorización a IMDI hasta el 28 de agosto de 2015, prorrogable, violando según parece leyes vigentes y la Convención. Para Lancho, la actividad de IMDI puede suponer un comportamiento penal en el derecho español, siendo el galeón San José un buque de Estado.
Por su parte, el arqueólogo Carlos León, que conoce muy bien el patrimonio subacuático panameño, alerta de que en abril de 2013 IMDI presentó su proyecto de intervención (un proyecto que no cumple los estándares arqueológicos que precisa un yacimiento tan importante, a cargo de un antropólogo y un conocido cazatesoros).
De hecho, la empresa IMDI ha gozado del favor de varios gobiernos y fundamentalmente del Ministerio de Economía y Finanzas panameño, quien les apoya. Sus socios, según consta, son el empresario de origen palestino residente en Colón, Hassam Salama; el economista y aventurero australiano Michael Mc Dowell; el inversionista panameño, ingeniero y empresario de ganadería, hostelería, petróleo y gas, Alberto Vázquez; el antropólogo social panameño Gustavo José Leal Cuervo (director del proyecto), y el buscador de tesoros norteamericano que trabajó con Mel Fisher y Odyssey Marine Exploration, James J. Sinclair. Su visión comercial es incompatible con los criterios de la Unesco.
Y alerta también de que «en este último mes ha solicitado permiso para continuar las excavaciones desde mayo hasta diciembre de 2015, con un presupuesto de 466.000 dólares de coste». Para León el tema «es tan urgente por eso mismo. Si nadie lo detiene, IMDI seguirá sacando material sin control. La única vigilancia que tienen es la de algunos enviados del INC que se desplazan hasta Contadora para ver las piezas que sacan del agua sin hacer ningún control en el lugar de la excavación ni bucear sobre los restos», añade.
El arqueólogo recuerda que las operaciones de rescate comenzaron en 2001 y continúan actualmente. La empresa IMDI ha trabajado en Nombre de Dios, «sobre un barco español del siglo XVI y en el galeón San José rescatando un número indeterminado de piezas (según unas informaciones 8.000 monedas, según otras 5.000), además de lingotes y tortas de plata, cerámicas, munición, armamento…», concluye.
(Fuente: ABC / Jesús García Calero)
