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| La Cueva de Chaves, en Baltarás, a principio del S. XX. |
La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número uno de Huesca, absuelve a Alonso del delito medioambiental que le imputaba Ecologistas en Acción y le obliga al pago de las costas del juicio.
La fiscalía había solicitado para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión y reclamaba una indemnización de 14,3 millones.
Ecologistas en Acción pedía dos condenas de tres años de prisión como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente. En el capítulo de indemnizaciones llegaba al tope fijado por el juez, 50,9 millones de euros, la cantidad económica que consta en el primer informe que realizó en su día el director del Museo de Huesca y responsable de las excavaciones, Vicente Baldellou, ya fallecido.
Según la sentencia, ha quedado acreditado que, sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y sin ponerlo en conocimiento del director de las excavaciones, Vicente Baldellou, Victorino Alonso ordenó vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras.
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE
Los trabajos ordenados por Alonso ocasionaron "el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad" de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves. Así consta en el atestado elaborado por la Guardia Civil y en el informe pericial del arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón e incluso en el informe pericial de la defensa.
Respecto a la indemnización, el informe elaborado por Baldellou cifró lo destruido en 50,9 millones de euros. La multa aplicada se ha rebajado a la mitad, al entender el juez que el Gobierno aragonés hizo dejación de sus obligaciones de protección y señalización.
En la sentencia puede leerse "que, teniendo en cuenta que la Cueva de Chaves era posiblemente uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica, resulta censurable e inexplicable que la cueva no contara con una protección específica, es decir, que no existiera una resolución que la declarara expresamente como Bien de Interés Cultural"
Por todo ello, el juez entiende que Victorino Alonso García fue "autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, previsto y penado en el artículo 323 del Código Penal conforme a la redacción anterior a la LO 1/15, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
MÁS DE DOS MIL METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS NEOLÍTICOS
En 2007 se realizaron obras de acondicionamiento, ampliación y creación de pistas de más de 8 metros de anchura, una hasta la puerta de la cueva, así como represas y un embalse en los cursos de agua existentes en la finca de Bastarás.
La empresa Ferpi Transportes y Obras, contratada por Fimbas, utilizó medios mecánicos de gran tonelaje para retirar unos bloques caídos del techo de la cueva "que protegían y sellaban los niveles arqueológicos subyacentes".
El yacimiento quedó afectado "de forma irreversible" al extraer 2.247 metros cúbicos de sedimentos. De ellos, 1.017 correspondían al nivel arqueológico del Neolítico y tenían un valor de 14.311.640,86 euros.
IMPORTANTE YACIMIENTO
El yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves estaba considerado uno de los dos más importantes de la Península Ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia.
Las excavaciones arqueológicas se iniciaron en 1975 y tan solo se había excavado una pequeña parte de su superficie.
No obstante, se habían encontrado ya desde un enterramiento de más de 6.000 años de antigüedad (un adulto que incluso conservaba un inusual anillo de hueso), a numerosos elementos de industria lítica, pasando por cantos rodados pintados, únicos en su género.
Hace más de 30 años un grupo de empresarios compró el pueblo deshabitado de Bastarás y su antiguo término municipal, y lo convirtió en un coto privado de caza. Vallaron su propiedad con una cerca de 20 kilómetros de longitud y soltaron en ella diversas especies de caza mayor, como ciervos, corzos y muflones.
El vallado resultó polémico desde el principio, porque atraviesa cauces, zonas de servidumbre y de dominio público de diversos barrancos, porque ocupa terreno de monte público dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, interrumpiendo el paso de un camino real, y porque contraviene la Ley de Caza.
A raíz de una visita en marzo de 2009 de los responsables del Museo Arqueológico de Huesca se conoció que el yacimiento había sido destruido en su totalidad, cuando todavía quedaba por excavar más del 90% del mismo.
Los impedimentos para poder visitar la finca, unido a la pasividad y dejadez de las administraciones públicas en sus competencias de control y protección del patrimonio histórico, -pese a su importancia, el yacimiento ni siquiera estaba declarado Bien de Interés Cultural- hicieron que no se conociera su destrucción hasta año y medio después de haberse producido.
(Fuente: El Mundo / Javier Ortega)
