Según datos a los que ha tenido acceso Europa Press, desde 2011 la Guardia Civil ha practicado un total de 180 detenciones o imputaciones y se han abierto casi 2.000 expedientes por infracción administrativa, más de la mitad corresponden al Seprona. Entre las comunidades que registran una mayor actividad destacan Andalucía, Asturias, Galicia, Murcia y Castilla y León.
Los expertos de la Guardia Civil advierten de que, si hace años la mayor preocupación a la hora de proteger el patrimonio histórico y cultural de España era evitar los robos en las iglesias, ahora es prevenir este expolio de obras arqueológicas bajo tierra. Se trata de una actividad que en muchos casos pasa de padres a hijos o significa buena parte de la actividad económica de algunos pueblos.
"Hay municipios en los que hay decenas de vecinos denunciados y nos quedamos cortos", dicen en la Guardia Civil, que se remiten a estudios arqueológicos, según los cuales, España cuenta con un yacimiento cada 3 kilómetros. Refuerzan su tesis recordando la multitud de proyectiles de la guerra civil que aún se encuentran todas las semanas por España: "Si esa guerra sólo duró tres años, imagina lo que puede haber bajo tierra tras varios siglos".
DETECTORES DE METALES
Estos grupos se hacen con detectores de metales y salen al monte a buscar piezas. La mayoría de las veces han recibido un soplo o recurren a especialistas e historiadores que les guían por dónde buscar. "Por la zona donde hubiese una construcción romana ya saben que debe haber vestigios de piezas valiosas", explican como ejemplo los agentes, para los que no es extraño encontrar revistas y libros especializados en Arte antiguo e Historia durante algún registro.
Muchas veces se trata de una delincuencia itinerante. Trasladan las herramientas y los detectores por mensajería hasta la provincia en la que van a practicar el expolio. Lo hacen para no llamar la atención y no ser detectados en un posible control de carretera. Durante el tiempo que dura la campaña suelen esconder en el monte el material y las piezas que van encontrando y no las recogen hasta el último día. Los conocimientos propios del buscador también cuentan, es casi como una profesión, aunque es difícil poder llegar a vivir de ello. "Alguien de un pueblo de Sevilla ha tenido suerte y ha encontrado cosas en Soria y, cuando vuelve y lo cuenta, van todos para allá", describen las fuentes consultadas.
La forma de actuar de estas organizaciones responde a criterios parecidos a los barcos pesqueros cuando buscan peces: experiencia, intuición y fortuna, todo influye. "A veces es el propio Boletín Oficial de la provincia el que declara algo como zona arqueológica y ya les has dado la pista", lamentan.
ANTICUARIOS Y COLECCIONISTAS
Una vez logran desenterrar algo de valor, el negocio entra en una segunda fase en la que cobran protagonismo los intermediarios. En un primer nivel son, sobre todo, anticuarios locales o coleccionistas, pero en el momento que adquieren la pieza, ésta ya entra a formar parte de un mercado que actualmente no tiene límites tras la entrada de internet y las webs de intercambio. En torno a las ferias de antigüedades también se suele generar un mercado paralelo de estas piezas de origen desconocido.
"El problema es la dificultad para demostrar que una obra ha sido expoliada y no forma parte de una colección familiar desde hace años. Aquí no hay prueba de ADN", ironizan los investigadores que, según explican, en esta actividad también hay blanqueo. Concretamente se falsifican documentos sobre el origen de las obras: "si se trata de una pieza romana, por ejemplo, puede proceder de cualquier país del entorno Mediterráneo, por lo que los vendedores declaran haberlo adquirido en el extranjero. Muchas veces cuentan con la complicidad de personas extranjeras. No son una red como tal, pero sí un circuito en el que se conocen casi todos". Luego las casas de subastas o los coleccionistas tienen sus propios tasadores y especialistas que confirman la autenticidad de las piezas. Muchos proceden de fuera de España. Alemania, Reino Unido, Suiza o Japón están entre los países destacados.
Es imposible cuantificar ni las piezas expoliadas, ni el dinero que genera esta actividad ya que no hay un precio fijado y cada coleccionista paga lo que cree conveniente. "Puede haber una pieza de oro y otra de cobre, pero que la segunda sea más valiosa porque sea más difícil de encontrar", explican.
LEYES CONTRA EL EXPOLIO
La persecución contra este tipo de delitos cuenta con una normativa marco en toda España, la Ley de Patrimonio Histórico que prohíbe expresamente la búsqueda sin autorización de restos arqueológicos. En caso de encontrar alguna pieza arqueológica se debe entregar a la Administración. El Código Penal (artículo 323) castiga estos delitos contra el patrimonio con entre seis meses y tres años de cárcel, pero las fuentes consultadas coinciden en que la parte económica es lo que más disuade a los expoliadores.
"A veces hemos pillado a alguien que nos pide que no le denunciemos, sino que le detengamos", advierten desde la Guardia Civil. La razón es que, bajo la normativa marco, cada comunidad autónoma tiene su propia legislación al respecto y hay regiones en las que la vía Penal apenas prospera. Pese a ello, estas fuentes celebran que en los últimos años las comunidades más afectadas se han reforzado con juristas contrastados que han mejorado la lucha contra esta delincuencia.
En la operación Helmet II, desarrollada en 2013, la Guardia Civil incautó 2.000 objetos expoliados en Aragón, incluyendo puntas de lanza y flechas. En la operación Mosaico fueron arrestadas más de ochenta personas e intervinieron un millar de piezas. Cuando no han sido descubiertos in fraganti, la principal dificultad es demostrar ante los tribunales que las piezas proceden de un expolio.
Tras la operación Tertis (2007), el juzgado de Instrucción Número 2 de Marchena (Sevilla) archivó las actuaciones alegando que no había nada que pusiera de manifiesto que alguno de los imputados acudiese a un yacimiento concreto. Otras, en cambio, dan la razón a los investigadores, quienes otorgan especial relevancia a las cantidades económicas que se imponen en calidad de indemnización por haber dañado el patrimonio histórico.
Un ejemplo de ello es la sentencia que condenó a los detenidos tras laoperación Badía y en la que en materia de responsabilidad civil se les imponían más de 130.000 euros. A pesar de todo, desde la Guardia Civil lamentan que el dinero que consiguen de la venta de piezas hace que hasta con esa indemnización les resulte rentable la actividad.
(Fuente: Europa Press / Asturias 24)
