¿El resultado de ese acuerdo? El Consistorio instará a la Junta a la puesta en marcha de una actuación arqueológica urgente en la zona afectada y solicitará, de la mano de la Universidad de Huelva, la concesión de un proyecto general de investigación del Plan Parcial 8 para actuar sobre la zona durante 6 años.
El PP llevaba al Pleno la propuesta después de casi dos semanas de intenso debate sobre el expolio provocado en el yacimiento Santa Marta-La Orden al extraer tierra de varias parcelas, posteriormente destinada a las obras de la estación.
Mediante el acuerdo adoptado ayer el Ayuntamiento solicitará a la Junta que esta actúe de oficio en la zona conocida como B-3, de 231.626 metros cuadrados, especialmente en la parcela no excavada anteriormente que ha sido afectada por el movimiento de tierra. Un procedimiento de urgencia "que contenga actuaciones de investigación, estudio y protección". Utilizando este procedimiento se autorizaría la excavación de forma provisional en el plazo de diez días, una autorización que requeriría solo 20 días para tornarse en definitiva.
PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN
La otra pata de la moción aprobada sería la redacción de una propuesta de proyecto general de investigación, una figura destinada a la investigación, estudio, conservación y puesta en valor de todo el yacimiento del Seminario, aunque con especial atención al sector B-3.
Se trataría de un programa de hasta seis años de duración a ejecutar junto a la Universidad de Huelva y los profesionales y equipos de investigación que ya han estado trabajando en el yacimiento, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la zona que alberga los restos de un poblado de finales del IV milenio antes de nuestra era y en la que se han detectado estructuras arqueológicas de gran valor además de los conocidos ídolos encontrados en un silo.
INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN PARCELA PRIVADA
Desde la Junta de Andalucía se confirmó ayer que la Delegación de Cultura ha instado al propietario de la parcela 8.1 para que proceda a realizar una intervención arqueológica de urgencia para determinar, en lo posible, la tipología de los restos que contenía en el subsuelo antes del movimiento de tierras de diciembre pasado.
Esta parcela, con titularidad de la empresa inmobiliaria Altamira, es la única de las cuatro afectadas que no había sido excavada por los arqueólogos, por lo que se desconoce el alcance de los daños reales ocasionados. Para ello se pretende el análisis exhaustivo del terreno que ha quedado intacto por la maquinaria pesada junto al viario, además de todas las partes que sean susceptibles de contener todavía restos.
La Junta remitió al propietario el pasado día 22 una instancia para que ejecute estas excavaciones consideradas "de urgencia", al margen de la investigación judicial, aunque no se han señalado los plazos en los que deberán ser ejecutadas ni las consecuencias que tendría su incumplimiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El consenso arqueológico se extendió también a otras dos propuestas al Pleno de ayer. Por un lado, Ciudadanos reclamaba que se obligue a los propietarios de las parcelas susceptibles de contener restos arqueológicos en la ciudad a vallar y vigilar estas para que no se puedan producir nuevos daños. La Junta ya advertía hace unos días que el vallado corresponde al propietario, pero desde la formación naranja se contrarrestaba la advertencia: buena parte de los terrenos del yacimiento son públicos y en ellos sí se podría actuar. Los de Albert Rivera también insistían en pedir a la Junta que desarrolle un plan de actuación para la zona.
En ese clima de entendimiento, Izquierda Unida volvía a la carga con una propuesta con solera, repetida durante varios mandatos hasta lograr incluirla en el Plan Estratégico de Turismo pero aún sin ejecutar: la ruta arqueológica. De nuevo en el salón de plenos, los grupos apoyaron la idea de crear una ruta señalizando todos los restos arqueológicos conocidos y dedicar personal municipal a ello.
SANCIONES "EJEMPLARES"
Hasta ahí llegó la unanimidad. En el debate de las mociones volvía la polémica por el destrozo del yacimiento y la responsabilidad sobre el mismo. ¿Cómo se pudo producir el expolio?, preguntaba la oposición. Unos apuntando a la Junta, otros al Ayuntamiento. "Han fallado los controles de las administraciones competentes", afirmaba el portavoz del PP, Ángel Sánchez, "si no llega a ser por la intervención de un arqueólogo allí no pasa nada". "Pedimos una comisión de investigación", señalaba el concejal de ciudadanos, Enrique Figueroa, tras recordar que el yacimiento estaba aún desprotegido a pesar de que "las restantes parcelas son en su mayoría propiedad municipal y de la Junta". Desde IU se reclamaban sanciones "ejemplares" y "responsabilidad política", eso sí, "sobre todo a la Junta" en palabras de Juan Manuel Arazola. Y en plena cascada de reproches el equipo de gobierno defendía su proceder, asegurando haber actuado desde el primer momento y haber paralizado incluso otros expedientes en Urbanismo para dedicar todos los recursos al caso del Seminario.
"A ver si al final el Ayuntamiento de Huelva va a tener la culpa de que haya habido un movimiento de tierra ilegal", argumentaba el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez. "Aquí la responsabilidad es de los que han hecho el movimiento".
El alcalde, Gabriel Cruz, buscó un tono conciliador para cerrar el debate arqueológico. "La defensa del patrimonio es algo que nos une a todos, es un elemento estructural de Huelva", señaló Cruz. "Como el problema de los fosfoyesos". Ante esa percepción, propuso trabajar en "un pacto por la defensa del patrimonio arqueológico de Huelva, para establecer líneas que impidan que se repita lo que ha sucedido. Porque algo es evidente: cuando hay un expolio hay cosas que no funcionan. Y no se trata de un debate de responsabilidades o de culpas".
