El decreto de la fiscal de Medio Ambiente y Patrimonio de Granada,Sara Muñoz-Cobo, fechado el pasado 15 de octubre, recoge la denuncia de de la Asociación Española en Defensa de la Detección Metálica y de Ciudadanos por Granada. Repasa el descubrimiento durante las obras, en enero de 2013, y la posterior paralización, incluyendo informes de los arqueólogos que avisaban de posibles daños irreparables.
¿DONDE ESTÁN LOS MOSAICOS?
Sin embargo, entiende la fiscal que se respetó la ley por parte de las administraciones y que la empresa constructora cumplió con la paralización cautelar de la obra. Aunque hubiese “daños irreparables”, al producirse en el momento del hallazgo y no haber prevenciones arqueológicas, no fueron “ni intencionados ni por falta de diligencia”. La fiscal no entra en la protección de los mosaicos, cuyo destino no se aclara -no han ido al arqueológico pero no se sabe si continúan en la nave industrial que se señalaba en la denuncia- ni del templo del siglo IV que podía ser el primer hallazgo arqueológico de las comunidades cristianas primitivas de la Granada romana.
De hecho, señala el decreto que uno de los arqueólogos, durante la investigación por parte del servicio del Seprona de la Guardia Civil, aclaró que los yacimientos aparecidos durante las obras del antiguo acuartelamiento militar son otros, que no deben confundirse con esta villa, y que una vez se hizo cargo la Delegación de Cultura “no se produjeron nuevos daños”. Por ello, no se ha considerado necesario cuantificar el valor de los mismos.
El decreto, en cualquier caso, finaliza advirtiendo que este archivo no impide que los mismos hechos puedan denunciarse ante un Juzgado de Instrucción.
La investigación se abrió el pasado 19 de mayo
La villa romana del siglo I fue descubierta durante las obras de construcción del actual párking de Los Mondragones y el Mercadona y centro comercial con gimnasio anexos, que ya funcionan a pleno rendimiento. El supermercado incluso fue inaugurado con la presencia del alcalde de Granada, José Torres Hurtado.
UPyD DENUNCIA ANTE EL JUEZ
La concejal de UPyD, Mayte Olalla, declaró en una nota de prensa este martes que su partido denunciar el caso ante los juzgados de instrucción, algo que permite el decreto de la fiscal. Para la edil magenta “la Junta de Andalucía actuó de manera negligente” ya que permitió a la empresa seguir trabajando “y no le advirtió que quizás debía cambiar el proyecto”.
Olalla acusó a la delega de Cultura, Ana Gámez, de permitir “que prevalecieran los intereses económicos y comerciales en lugar de conservar los restos y velar por el patrimonio de la ciudad, que era lo que correspondía” y al Ayuntamiento de permitirlo “porque le interesaba que la obra continuara y cobrar por la licencia”.
(Fuente: Granadaimedia / José A. Cano)
