La jueza ha decidido prolongar durante 18 meses la instrucción a la espera de encontrar un perito independiente judicial que haga un informe acerca de los restos arqueológicos que podrían haber resultado afectados y el alcance de la afectación.
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| Hay cuatro personas investigadas por la destrucción del yacimiento. EL MUNDO |
Fuentes judiciales han indicado que la jueza ha decidido prolongar durante 18 meses la instrucción a la espera de encontrar un perito independiente judicial que haga un informe acerca de los restos arqueológicos que podrían haber resultado afectados y el alcance de la afectación.
Se trata de un diligencia clave encaminada a determinar si hubo daños al yacimiento arqueológico con vestigios datados en más de 5.000 años de antiguedad durante los trabajos de desmonte ejecutados por la Dirección General de Carreteras en la N-340.
Entre las últimas actuaciones, el juzgado interesó a la Subdelegación del Gobierno que le remitiese los certificados de obras finalizadas que se llevó a cabo por parte de Carreteras junto al yacimiento arqueológico de El Chuche, en el municipio de Benahadux, en febrero de 2017 para conocer los detalles de la actuación y determinar si se produjeron daños.
La juez María Belén López acordaba, asimismo, citar como testigo dentro de dos semanas a una arqueóloga inspectora de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta para que arroje luz y amplié información sobre los trabajos realizados por un colega que aportó un informe a instancias de la parte demandada, la Subdelegación de Gobierno.
Estas nuevas diligencias de prueba fueron solicitadas por la acusación particular que ejerce la asociación 'Amigos de la Alcazaba', que arguyó que las certificaciones de obra emitidas por la Subdelegación de Gobierno son pertinentes ya que recoge si las obras y el proyecto se realizaron conforme a las licitaciones y procesos de contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.
"Puede aportar elementos fácticos necesarios para conocer los trabajos que se realizaron por parte de la Demarcación Provincial de Carretera en la zona de dominio público y zona de servidumbre de la carretera provincial que pudieron afectar a los valores históricos protegidos del yacimiento arqueológico del Chuche", señaló en su escrito.
Entre las actuaciones incorporadas al procedimiento figuran un escrito del Ayuntamiento de Benahadux que señala que la Demarcación Provincial de Carreteras del Estado no solicitó licencia de obra o similar previa a los desmontes y que las dos parcelas sobre las que se hizo movimientos de tierra tiene especial protección por su carácter de yacimiento arqueológico excepto en el extremo oeste y en el sur, donde esta considerada monte público.
La Junta de Andalucía ya informó al juzgado instructor de que existían "hitos de señalización en el área sobre la que se realizaron los vertidos de tierra" dentro de la zona arqueológica" y remarcaba que le no constaba, una vez consultados los archivos de la Delegación Territorial, ni una "solicitud de autorización" ni "comunicación por escrito para realizar las actuaciones en la zona ni proyecto de actuación en dicho ámbito".
No entraba, sin embargo, a valorar el alcance de "los daños ocasionados" a la zona arqueológica al haberse detectado deficiencias en el informe que presentó el director de la actividad en la Delegación Territorial. Por este motivo, el juzgado acordó nombrar un perito judicial experto en arqueología para que procediese a realizar un estudio arqueológico "independiente, objetivo e imparcial" sobre los daños.
CUATRO INVESTIGADOS
En el marco del procedimiento hay cuatro investigados. Son un técnico de la Demarcación de Carreteras en Almería, el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras de una de las UTE que intervinieron en las obras, y los responsables de mercantiles que ejecutaron los trabajos en esta zona con el fin de "ocultar un vertedero con la tierra obtenida de un desmonte aledaño", tal y como informó en su momento el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al PSOE.
Fue la asociación 'Amigos de la Alcazaba' la que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.
Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos supusieron "el desmonte y allanamiento de casi 8.000 metros cuadrados" de terreno, y la "invasión de prácticamente los 1.000 metros cuadrados" en los que se localiza este yacimiento arqueológico prehistórico, ibérico, púnico y romano de El Chuche.
En concreto, los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobre, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco' y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería, de acuerdo a los datos aportados por 'Amigos de la Alcazaba'.
FALTA GRAVE
Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura, incoó un expediente sancionador al Ministerio de Fomento por una supuesta "falta grave", tipificada en la Ley de Patrimonio Histórico, al no haber solicitado la autorización "obligatoria" para realizar la obra.
El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno "ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados", de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual "se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa".
No obstante, el texto apuntaba que "no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno" por lo que "para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona".
(Fuente: Gente Digital / EP)
