El empresario leonés Victorino Alonso, también conocido como el "rey del carbón", ha conseguido que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca haya acordado la remisión definitiva de su condena a 2 años de cárcel por la destrucción del yacimiento prehistórico de Chaves, en la provincia de Huesca, y se aleje la posibilidad del ingreso en prisión solicitado por las acusaciones.
El yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves fue totalmente arrasado.
El empresario leonés Victorino Alonso, también conocido como el "rey del carbón", ha conseguido que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca haya acordado la remisión definitiva de su condena a 2 años de cárcel por la destrucción del yacimiento prehistórico de Chaves, en la provincia de Huesca, y se aleje la posibilidad del ingreso en prisión solicitado por las acusaciones.
En su auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado del tribunal oscense argumenta que en el plazo de tres años después de ser dictada la sentencia, Victorino Alonso no ha cometido ningún delito, condición que le fue impuesta para lograr la remisión definitiva de su condena.
Esta decisión ha sido criticada por la Asociación de Protección del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), que ostenta una de las acusaciones a través de su letrada, Pilar Villelas, y que considera "vergonzosa" una decisión de la que responsabiliza a la "incompetencia" de la magistratura y del juzgado.
Esta asociación subraya que el nombre de Victorino Alonso, que se declaró insolvente para hacer frente a la indemnización de 25 millones de euros que se le impuso por la destrucción del yacimiento, aparecía en 2021 en los denominados Papeles de Pandora, con sociedades en Panamá vinculadas a él por un valor de 25 a 30 millones de euros.
Destacan sus responsables, además, que tanto el Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca como la Audiencia oscense se dirigieron al diario El País para solicitar dicha información, aunque señalan que desde entonces su actuación "ha sido casi nula".
Por esta razón, consideran que de ser una condena "ejemplarizante" por destrucción del patrimonio histórico y cultura la impuesta al empresario leonés, ha pasado a ser "una más de las muchas patentes de corso que tienen determinadas personalidades".
En su comunicado, APUDEPA advierte que el juzgado oscense no ha informado de la notificación de embargo de la finca de Bastarás, enclavada en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Guara, que todavía está en manos de una sociedad vinculada a Victorino Alonso años después de hacerse pública la condena.
El embargo de esta finca, solicitada por la representación legal del Gobierno aragonés en el juicio, es, a juicio de esta asociación, "la última opción de que Aragón tenga una compensación por la destrucción del yacimiento".
Expresa, además, su preocupación ante la posibilidad de que las dilaciones del juzgado en hacer una notificación de embargo sobre la finca puedan hacer perder definitivamente la posibilidad de hacerse con ella.
La letrada de esta asociación ha informado a Efe de que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión de remisión definitiva de la condena, a la que no se ha opuesto la fiscalía, para instar el ingreso en prisión del empresario leonés.
(Fuente: EFE / La Vanguardia)
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