La Audiencia de Sevilla anula el mayor caso contra el expolio arqueológico

El tribunal ordena devolver las 300.000 piezas de arte a los 52 acusados

Carpetazo a la mayor operación contra el expolio de las obras de arte. La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado que las 300.000 piezas arqueológicas intervenidas en la Operación Tertis, ejecutada por la Guardia Civil en 2007, sean ahora devueltas a sus 52 dueños. El tribunal considera que dado que los investigadores no aportaron pruebas que concreten el supuesto expolio de las piezas en 31 yacimientos, las obras deben ser devueltas a los acusados.

Algunos de los objetos incautados en la operación "Tertis".

De este modo, el tribunal desbarata definitivamente una operación fraguada durante dos años con múltiples pinchazos telefónicos y que culminó con 52 detenidos en Andalucía, Madrid, Barcelona y Zamora. El grueso de las obras eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe.

La Audiencia ha desestimado los recursos de la Junta andaluza y la fiscalía para que las piezas se conserven en los diferentes museos arqueológicos y no fueran entregadas a sus propietarios. Alrededor del 10% de las 300.000 obras fueron devueltas, pero los recursos judiciales paralizaron la entrega a los 52 imputados en la instrucción. "No puede ignorarse la imposibilidad de acreditar tanto el origen de los objetos o restos arqueológicos incautados (...) como el concreto momento de su aprehensión material (...), así como el carácter lícito o ilícito de su adquisición", subraya el auto de la Audiencia contra el que no cabe recurrir.

• Ahora los museos arqueológicos procederán a la devolución de las piezas a los acusados

Tras la operación, la instrucción del caso desveló la poca consistencia de las pruebas. El Juzgado número 2 de Marchena (Sevilla) exculpó a lo largo de 2009 en diferentes resoluciones a los 52 acusados porque no quedaron acreditados los yacimientos concretos y cuándo fueron sustraídas las piezas. La Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público" todos los objetos y restos materiales descubiertos en excavaciones, movimientos de tierra y obras. El expolio en su conjunto estaba demostrado "más que indiciariamente" según el juez, pero no se concretó cuándo y de qué manera se obtuvieron las piezas.

Miguel Gómez de la Rosa, abogado de la mitad de los acusados, censuró ayer la operación: "El único ánimo era tener titulares de prensa a pesar de que las autoridades la promocionaron como la mayor operación del mundo contra el expolio".

Ahora los museos arqueológicos procederán a la devolución de las piezas a los acusados, entre ellos "empresarios y médicos" de Madrid y Barcelona, según resaltó en su día la Guardia Civil. "Hay que ser extremadamente cuidadosos con las grandes operaciones contra el expolio. La ley es muy pobre para proteger el patrimonio histórico y perseguir a los que esquilman. Para colmo, la reforma del Código Penal [en vigor a finales de año] no ha tocado esos artículos", critican fuentes del caso.

(Fuente: El País)