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14 de noviembre de 2016

Condena de dos años y medio de prisión al empresario que destruyó el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves

El empresario Victorino Alonso ha sido condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves. La indemnización se ha rebajado a la mitad, al entender el juez que el Gobierno aragonés hizo dejación de sus obligaciones de protección y señalización.
La Cueva de Chaves, en Baltarás, a principio del S. XX. 
Asimismo, el juez hace responsable subsidiario del pago de la indemnización a la empresa Fimbas, propietaria del coto de Bastarás, en el parque natural de la Sierra de Guara (Huesca), donde se ubicaba el yacimiento.

La sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número uno de Huesca, absuelve a Alonso del delito medioambiental que le imputaba Ecologistas en Acción y le obliga al pago de las costas del juicio.

La fiscalía había solicitado para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión y reclamaba una indemnización de 14,3 millones.

Ecologistas en Acción pedía dos condenas de tres años de prisión como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente. En el capítulo de indemnizaciones llegaba al tope fijado por el juez, 50,9 millones de euros, la cantidad económica que consta en el primer informe que realizó en su día el director del Museo de Huesca y responsable de las excavaciones, Vicente Baldellou, ya fallecido.

Según la sentencia, ha quedado acreditado que, sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y sin ponerlo en conocimiento del director de las excavaciones, Vicente Baldellou, Victorino Alonso ordenó vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE
Los trabajos ordenados por Alonso ocasionaron "el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad" de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves. Así consta en el atestado elaborado por la Guardia Civil y en el informe pericial del arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón e incluso en el informe pericial de la defensa.

Respecto a la indemnización, el informe elaborado por Baldellou cifró lo destruido en 50,9 millones de euros. La multa aplicada se ha rebajado a la mitad, al entender el juez que el Gobierno aragonés hizo dejación de sus obligaciones de protección y señalización.

En la sentencia puede leerse "que, teniendo en cuenta que la Cueva de Chaves era posiblemente uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica, resulta censurable e inexplicable que la cueva no contara con una protección específica, es decir, que no existiera una resolución que la declarara expresamente como Bien de Interés Cultural"


Por todo ello, el juez entiende que Victorino Alonso García fue "autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, previsto y penado en el artículo 323 del Código Penal conforme a la redacción anterior a la LO 1/15, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.


MÁS DE DOS MIL METROS CÚBICOS DE SEDIMENTOS NEOLÍTICOS
En 2007 se realizaron obras de acondicionamiento, ampliación y creación de pistas de más de 8 metros de anchura, una hasta la puerta de la cueva, así como represas y un embalse en los cursos de agua existentes en la finca de Bastarás.

La empresa Ferpi Transportes y Obras, contratada por Fimbas, utilizó medios mecánicos de gran tonelaje para retirar unos bloques caídos del techo de la cueva "que protegían y sellaban los niveles arqueológicos subyacentes".

El yacimiento quedó afectado "de forma irreversible" al extraer 2.247 metros cúbicos de sedimentos. De ellos, 1.017 correspondían al nivel arqueológico del Neolítico y tenían un valor de 14.311.640,86 euros.

IMPORTANTE YACIMIENTO 
El yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves estaba considerado uno de los dos más importantes de la Península Ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia.

Las excavaciones arqueológicas se iniciaron en 1975 y tan solo se había excavado una pequeña parte de su superficie.

No obstante, se habían encontrado ya desde un enterramiento de más de 6.000 años de antigüedad (un adulto que incluso conservaba un inusual anillo de hueso), a numerosos elementos de industria lítica, pasando por cantos rodados pintados, únicos en su género.

Hace más de 30 años un grupo de empresarios compró el pueblo deshabitado de Bastarás y su antiguo término municipal, y lo convirtió en un coto privado de caza. Vallaron su propiedad con una cerca de 20 kilómetros de longitud y soltaron en ella diversas especies de caza mayor, como ciervos, corzos y muflones.

El vallado resultó polémico desde el principio, porque atraviesa cauces, zonas de servidumbre y de dominio público de diversos barrancos, porque ocupa terreno de monte público dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, interrumpiendo el paso de un camino real, y porque contraviene la Ley de Caza.

A raíz de una visita en marzo de 2009 de los responsables del Museo Arqueológico de Huesca se conoció que el yacimiento había sido destruido en su totalidad, cuando todavía quedaba por excavar más del 90% del mismo.

Los impedimentos para poder visitar la finca, unido a la pasividad y dejadez de las administraciones públicas en sus competencias de control y protección del patrimonio histórico, -pese a su importancia, el yacimiento ni siquiera estaba declarado Bien de Interés Cultural- hicieron que no se conociera su destrucción hasta año y medio después de haberse producido.

3 de marzo de 2015

El juez impone una fianza de 66 millones al empresario que destruyó el yacimiento de la Cueva de Chaves (Huesca)

El empresario leonés Victorino Alonso García se sentará en el banquillo de los acusados para responder por los daños que presuntamente causó en la cueva de Chaves, un yacimiento prehistórico del municipio de Casbas (provincia de Huesca). Los daños destruyeron completamente este yacimiento neolítico con declaración B.I.C. que era uno de los más importantes de la península.
La cueva de Chaves, un yacimiento arqueologico convertido en refugio de especies cinegéticas. FOTO: D.L.
El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca por el que se ordena la apertura de juicio oral contra el empresario minero —actualmente en libertad provisional por el caso— llama la atención por la alta fianza que le impone: 66.276.093 euros, para asegurar el pago de la responsabilidad civil en la que podría derivarse de los hechos que se juzgarán, así como por dejar la puerta abierta no sólo al delito contra el patrimonio sino, además, al atentado contra el medio ambiente, que descartó la Audiencia Provincial de Huesca al resolver los recursos de las acusaciones particulares y del letrado del empresario contra el auto que instaba a las partes personadas a formular acusaciones o solicitar el sobreseimiento de la causa.

Según fuentes del caso, la fianza podría ser resultado de sumar las indemnizaciones que solicitan las partes, así como las multas que se proponen. El plazo para abonar la fianza expira hoy para Alonso y el lunes para los responsables subsidiarios —las empresas Fimbas, Ferpi y una aseguradora—. Si no se depositara la cantidad se procederá al embargo de los bienes del empresario.

LAS ACUSACIONES
Victorino Alonso saliendo de prestar declaración en los juzgados de Huesca.


La Fiscalía solicita para el empresario 2 años y 8 meses de prisión por un delito contra el patrimonio, además de cometer a su cargo medidas para restituir el daño en la parte del yacimiento que todavía existe, así como a indemnizar al Gobierno de Aragón con 14.311.640,86 euros, además de otras penas accesorias.

Por su parte, Ecologistas en Acción solicita tres años y multa de 24 meses por un delito contra el patrimonio, además de 50.681.160 de indemnización, así como la misma pena de prisión y multa por delito contra el medio ambiente por el que deberá indemnizar a la Comunidad aragonesa según informe pericial de los servicios de Medio Ambiente.

La Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) solicita para el acusado tres años de cárcel y 24 meses de multa a razón de 400 euros por día, y la misma cuantía que en el caso anterior como responsabilidad civil.

El letrado del Gobierno de Aragón se persona como acción civil —renuncia a la acción penal como había denunciado Ecologistas en Acción y la autonomía se apresuró a negar— pide que Alonso indemnice a la Administración aragonesa con 50.981.160 euros o, subsidiariamente, y siempre que no se considere ésta adecuada o probada, en 14.336.141,36 euros.
 
OBRAS EN UN B.I.C.
Las obras en el coto de caza que dañaron el yacimiento se acometieron en octubre de 2007 sin las oportunas licencias que debía haber concedido el Gobierno de Aragón al encontrarse la cueva de Chaves en el entorno del Bien de Interés Cultural de las Cuevas de Solencio. Sin embargo, hasta junio de 2009 no se formuló denuncia de la Comunidad autónoma ante la Fiscalía.

Las obras en un coto que ya despertaba polémica por ofrecer piezas de fauna de la región del Atlas, en Marruecos, consistieron en el acondicionamiento y la construcción de pistas de ocho metros de ancho, represas y embalses en los cursos de agua que atraviesan la finca. La cueva en la que se encontraban los restos prehistóricos, de importancia nacional, se acondicionó como refugio y comedero de especies cinegéticas mediante el empleo de maquinaria pesada.

3 de febrero de 2015

Piden 2 años y 6 meses de prisión por destruir el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves (Huesca)

La Fiscalía solicitará al empresario leonés del carbón Victorino Alonso una condena de 2 años y 6 meses de prisión y a una indemnización de 14 millones de euros por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del país.
Este era el acceso a la desaparecida Cueva de Chaves, uno de los yacimiento neolíticos más importantes de España.
FOTO: JOSÉ LUIS ACÍN / Heraldo
Fuentes del caso han confirmado que la acusación pública considera a Alonso presunto responsable de los daños causados al entender que era él de hecho quien administraba la sociedad encargada de gestionar el coto de caza donde se encontraba el yacimiento, en una finca vallada ubicada en el Parque Natural de Guara.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto.

PÉRDIDA IRREMEDIABLE
Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida "irremediable" de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

El fiscal tipifica los hechos como un presunto delito contra el patrimonio y solicita para el acusado 2 años y 6 meses de prisión, así como 14 millones de indemnización, cantidad que fija de acuerdo a un informe pericial elaborado por técnicos del propio Gobierno aragonés.

Por su parte, la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción imputa a Victorino Alonso el mismo delito contra el patrimonio pero le responsabiliza, asimismo, de otro contra el medio ambiente, y solicita sendas penas de 3 años de prisión.

INDEMNIZACIÓN DE 50,9 MILLONES DE EUROS
Además, los ecologistas reclaman una indemnización al Gobierno de Aragón de 50,9 millones de euros por los daños causados al yacimiento, de acuerdo con el informe pericial que elaboró tras los hechos el entonces director del Museo Arqueológico de Huesca, Vicente Baldellou, ya fallecido.


En cuanto a la indemnización a pagar por los daños al medio ambiente, delito que entienden los ecologistas que se cometió al ubicarse el yacimiento en un entorno protegido, se deja en mano de los técnicos del Gobierno aragonés su valoración durante el proceso.

Las fuentes citadas aseguraron desconocer si el instructor permitirá acusar por un delito contra el medio ambiente, ya que en su auto de conclusión de la instrucción, confirmado por la Audiencia de Huesca, no lo estimaba procedente.

Por otra parte, el Gobierno aragonés ha confirmado a Efe que ha presentado un escrito de acusación penal y de reclamación civil por los daños causados, cuyo contenido no ha dado a conocer.


Por su parte, la asociación Acción por la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) está pendiente de presentar ante el instructor el escrito de acusación por estos hechos.

Fuentes de esta organización han explicado a que en su escrito imputarán al empresario un presunto delito contra el patrimonio y reclamarán la indemnización de 50,9 millones planteada por el fallecido director del Museo Arqueológico de Huesca.