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16 de enero de 2017

Sevilla es la provincia con más investigaciones por expolio arqueológico

La Fiscalía advierte de la existencia de redes que roban piezas en yacimientos para venderlas en el mercado negro. Además del valor en sí de las piezas, Javier Rufino advierte del daño irreparable que causan los expoliadores alterando, y en ocasiones destruyendo, la información histórica que ofrecen   los yacimientos.
Javier Rufino. Fiscal de Medio Ambiente. FOTO: ROCÏO RUÍZ
Sevilla es la provincia de España que mayor número de casos judiciales tramita de expolio arqueológico. Durante los dos pasados años, la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla abrió 120 diligencias de investigación. Y entre ellas, se incoaron 14 por delitos contra el patrimonio arqueológico que acabaron en 11 sentencias. Son pocos casos respecto al total de investigaciones del Ministerio Público. Aún así, según el fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, siguen siendo «superiores» a los de cualquier otra provincia de España ya que Andalucía y, en especial Sevilla, es la zona de España donde hay más yacimientos arqueológicos, cuyo expolio preocupa a la Fiscalía. 

El hecho de que sea Andalucía la zona donde hay más actividad ilícita de este tipo tiene una clara explicación: la extensión territorial y que hay más afición por estas prácticas. Aunque también se descubre más porque, según el fiscal, las autoridades policiales actúan con diligencia en su lucha contra este tipo de prácticas.

REDES ORGANIZADAS
No obstante, según Javier Rufino reconoce que muchos de estos robos no afloran porque se trata de un delito difícil de descubrir por la «clandestinidad» en la que los llamados «detectoristas» de restos arqueológicos se mueven. Se trata de «redes organizadas» de personas que con aparatos detectores acuden a las zonas donde pueden encontrar piezas arqueológicas y, en general, restos de gran valor.

Según el fiscal, a veces se encuentran con organizaciones dedicadas al expolio que proceden de fuera de Andalucía y que acuden a una determinada zona a intentar expoliarla. «Vienen a buscar porque en Andalucía hay muchos yacimientos», alerta el fiscal de Medio Ambiente, que está especialmente preocupado por estas actividades ilícitas y, sobre todo, por el escaso nivel de éxito que obtienen en comparación con otros delitos. «Mucha gente consigue la impunidad porque la característica del delito facilita mucho su comisión y la impunidad», advierte Rufino que también recuerda que en estos casos se encuentran con otro problema añadido, el de la prescripción. Y es que este tipo de delitos prescriben a los cinco años (hasta el año 2010 era a los tres años). Y ello provoca también que, en muchos casos, al no poder determinar cuándo se produjo esa expoliación ni la procedencia exacta, no puedan investigarlo porque ha «caducado» pese a que se trata de delitos que son castigados con penas de prisión de entre seis meses y tres años.

POR LA NOCHE Y EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO 
El modus operandi de estas actividades hace que resulte dificultoso destapar estas redes: normalmente se producen en zonas agrícolas de difícil acceso y tienen lugar de noche. Para ello, cuentan con determinados aparatos, los detectores, algunos de los cuales son tan sofisticados que incluso discriminan entre distintos tipos de metales o bien son capaces de detectar la profundidad a la que está enterrada la pieza.

Normalmente, la mecánica que emplean los expoliadores consiste en que un individuo se encarga de señalar el lugar dónde puede haber una pieza valiosa. Y luego, cuando es de noche y no hay peligro de ser observado, el cómplice acude a la zona a expoliar. A veces han detenido a algunos «in fraganti» con el pico y la azada. Así ocurrió en un caso reciente en el que descubrieron a varios expoliadores que llevaban en el coche la azada y hasta el detector. Y en esa ocasión, como casi siempre, procedían de fuera.

GRAN CANTIDAD DE DINERO
También hay veces en que la Guardia Civil detecta algunas piezas de dudosa procedencia en mercadillos o en otras ocasiones descubren en viviendas restos de yacimientos de los que se desconoce su procedencia. Otras veces es difícil saber desde cuando tienen en su propiedad los restos. Pero el hecho de que la mayoría de los supuestos expoliadores procedan de otras ciudades u otros países se justifica en la gran cantidad de dinero que se mueve. Y es que, según Rufino, el tráfico ilegal de obras de arte, es uno de los sectores que más dinero moviliza por detrás de la droga, la prostitución o las armas.

Por eso hay redes dedicadas a buscar esas piezas arqueológicas para luego colocarlas en el mercado negro fuera de España. «Hay personas que están dispuestas a pagar mucho dinero por esas piezas», alerta Rufino, que recuerda que hay investigaciones internacionales que han llegado a apuntar que muchas de las piezas legales que se venden en conocidas casas de subastas procedían del expolio. «Es difícil saber si eso puede ocurrir realmente», dice.

CONSECUENCIAS NEFASTAS
Independientemente de esas dudas que podrían servir de argumento para una película de intriga, Rufino advierte de otras consecuencias nefastas del expolio arqueológico. Cuando se produce un robo de este tipo, la cuestión no es sólo el valor de la pieza robada, sino que se remueve el citado yacimiento arqueológico y se produce una alteración de la información histórica que ese descubrimiento puede proporcionar ya que, al haber sido manipulado, el daño es «irreparable». Eso provoca que sea más difícil obtener información histórica fiable. Un problema añadido es el que la Fiscalía se encuentra a la hora de valorar las piezas robadas ya que necesita que un técnico, normalmente un perito de la Junta de Andalucía, realice esa valoración. Y a veces hay «criterios discordantes» entre unos y otros informes a la hora de valorar. Un impedimento más en la lucha contra las redes organizadas que expolian los yacimientos arqueológicos.

18 de febrero de 2016

Andalucía ha autorizado 3.240 actuaciones arqueológicas en los últimos cuatro años

En el inventario de bienes del patrimonio arqueológico de Andalucía desde 1985 se han registrado 15.559 yacimientos. En el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía hay inscritos 2.914 bienes arqueológicos, entre Bienes de Interés Cultural, subacuáticos, zonas arqueológicas, bienes de catalogación general o espacios subacuáticos considerados Zonas de Servidumbre Arqueológicas.
Imagen de la última campaña de excavaciones en Orce (Granada). FOTO: JUNTA DE ANDALUCÍA.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha informado  de que su departamento autorizó un total de 3.240 actividades arqueológicas entre 2011 y 2015. En su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía relativa a las actuaciones para la preservación arqueológico andaluz, Aguilar ha afirmado que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía es la "herramienta fundamental" para evitar el daño sobre el patrimonio y actuar cuando el daño está producido.

"La tutela, conservación y puesta en valor de sus fondos arqueológicos es una de las principales misiones de los centros gestionados por la Consejería de Cultura", ha dicho la consejera durante su comparecencia, que ha tenido lugar a propuesta del grupo parlamentario popular.

PRESERVACIÓN
En lo relativo a la preservación, Aguilar ha explicado que la labor de seguimiento del patrimonio para evitar que se produzcan daños es "permanente". Una labor que se concreta en medidas como el inventario de bienes del patrimonio arqueológico (desde 1985 se han registrado 15.559 yacimientos) o las inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el que hay registrados 2.914 bienes arqueológicos, entre Bienes de Interés Cultural, subacuáticos, zonas arqueológicas, bienes de catalogación general o espacios subacuáticos considerados Zonas de Servidumbre Arqueológicas.

Aguilar también ha detallado otras labores encaminadas a la preservación del patrimonio, como son las consultas y autorizaciones de intervenciones arqueológicas, los informes ante obras en bienes incluidos en el Catálogo y la coordinación con las leyes urbanísticas y medioambientales. Como ejemplo, la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla emitió entre 2012 y 2015 un total de 240 informes de planeamiento urbanístico y 536 informes de procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

CONTROL CONTRA EL EXPOLIO
Por otro lado, la consejera ha destacado la colaboración la Guardia Civil, en asuntos como el control del uso de detectores de metales, que dio lugar a más de cien expedientes sancionadores entre 2014 y 2015. Y la colaboración mutua con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Grupo de Fiscales especializados en medio ambiente, urbanismo y patrimonio histórico, a los que desde 2002 se les imparten cursos de formación sobre la protección del patrimonio arqueológico contra el expolio.

Otra forma de preservar el patrimonio son las intervenciones de conservación y mantenimiento, según Aguilar, que ha anunciado que en 2016 la Consejería actuará en la Sinagoga de Córdoba, la villa Romana de Bruñel (Quesada, Jaén), el anfiteatro de Itálica, los teatros romanos de Cádiz y Málaga o los Baños de Hernando de Zafra (Granada).

Por último, Aguilar ha destacado la "importante labor" que desempeñan los archivos, museos y conjuntos arqueológicos en la preservación del patrimonio arqueológico andaluz, tanto en la limpieza y mantenimiento de los yacimientos como en la conservación, restauración y difusión de las piezas arqueológicas, y también en la colaboración con las autoridades policiales y judiciales.

La consejera también ha querido hacer hincapié en las labores de concienciación que realizan estas instituciones a través de talleres, exposiciones, conferencias y jornadas, con especial cuidado del público infantil, pues "el futuro de nuestro patrimonio está en el presente de nuestros niños y niñas".

ACCIONES ANTE DAÑOS
La consejera de Cultura también ha explicado que, una vez que se produce un daño al patrimonio arqueológico, la consejería puede actuar, bien de oficio, "producto de la acción habitual y permanente de seguimiento y control de los técnicos", bien por las denuncias de la Guardia Civil a través del Seprona, y que los niveles de actuación por parte de la Administración en estos casos son tres: administrativo, policial o judicial.

En este sentido, ha señalado que ahora existe "un interés mayor por las piezas arqueológicas, con las que se trafica", y reconoce que en Andalucía "ha habido un cambio de actitud mental, ya que en los años 60 el falso desarrollismo urbanístico destruyó riqueza patrimonial en cantidades inmensas porque no se consideraba importante, mientras que hoy hay mayor conciencia".

(Fuente: La Información / Europa Press)