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10 de enero de 2020

Acusados del expolio de La Orden mantienen en el juicio que desconocían la existencia de restos en la zona

La causa queda vista para sentencia con modificación de conclusiones por la Fiscalía, que considera que el daño al patrimonio se causó por imprudencia grave, y las defensas inciden en la falta de protección del yacimiento
Vista açerea de uno de los yacimientos de Huelva.
Acusados del expolio arqueológico en varias parcelas del yacimiento Santa Marta-La Orden, concesionarios de puestos para la venta ambulante en el mercadillo que se instalaba en la zona (abril de 2016), han mantenido hoy en el juicio que desconocían que en el lugar hubiera restos y se han desvinculado de los hechos, afirmando en algunos casos que ni siquiera se encontraban en la ciudad.

Los acusados han rechazado además que encargaran los movimientos de tierra en uno de los yacimientos más importantes de la ciudad, calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), para ampliar sus respectivas parcelas para ganar así espacio para poder aparcar sus vehículos, y que no pagaron por el trabajo, como ha afirmado el acusado que realizó el trabajo, que ha dicho que hizo facturas de 30 euros para cada caso.

El juicio, que se ha celebrado en el Penal 4, ha quedado visto para sentencia, con modificación de las conclusiones finales por parte de la Fiscalía. La acusación pública, que solicitaba inicialmente un año y nueve meses de prisión por un delito de daños al patrimonio histórico para los acusados, ha considerado que los daños se produjeron por imprudencia y ha reclamado multas de quince meses (a razón de 12 euros al día).

Las defensas de los ocho concesionarios, el administrador de la empresa y el trabajador que realizó los movimientos, consideran que la causa no reviste relevancia penal sino que se trata de una infracción administrativa y han expresado su rechazo a la indemnización a la Junta.

Las defensas han insistido, en sus conclusiones finales, en la deficiente protección del yacimiento, que se encontraba sin señalizar ni vallar, y en que el mercadillo estaba instalado en el lugar por el mismo Ayuntamiento.

Estos movimientos de tierra supusieron «una pérdida irreparable» de información histórica. En la zona afectada, propiedad del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, se actuó en una superficie de unos 43 metros cuadrados, donde se rebajó el terreno unos dos metros, mientras que la segunda se hizo en unos 306 metros cuadrados, rebajándose el terreno un metro y medio.