APIAA considera que el texto está incompleto y repleto de contradicciones y lagunas fruto de las prisas para «aprobarlo antes del fin de la legislatura»
Excavaciones en el castillo de Gauzón. Foto: Sergio López. |
El presidente de APIAA, Juan Muñiz, lo tiene muy claro: «Al final tuvieron que dar marcha atrás, atender el informe del Consejo Consultivo y asumir muchas de las alegaciones y el resultado es un reglamento que no es general, que no cubre todo el patrimonio histórico, como ellos mismos dicen, porque la etnología no la recogen», subraya. Dicho de otra forma, «el trabajo quedó a medias y se hizo un arreglo de última hora para poder acabar la legislatura con un texto aprobado».
Lo dicho, en términos generales, porque, tal y como apunta Muñiz, el propio preámbulo del reglamento anuncia la creación de otro dedicado al tratamiento «integral» del patrimonio etnográfico, pero es que en términos concretos, en los de la arqueología que afecta a APIAA, el resultado no es tampoco el esperado. Hay dos aspectos en los que se centran las críticas de los arqueólogos profesionales. Una hace referencia a los trabajos que se realizan de forma preceptiva y previa a determinadas obras, y la otra a las tareas propiamente de investigación. En el primer caso, denuncia Juan Muñiz, se produce una contradicción entre el reglamento y la ley que regula. Entienden que la norma otorga a los arqueólogos la responsabilidad de entregar en el Museo Arqueológico el posible material hallado y en el segundo la deja en mano del promotor de las obras. «Hemos pedido a la Consejería de Cultura que nos mande una evaluación del Servicio Jurídico», señala Muñiz. Quieren aclarar si jurídicamente es asumible lo que ellos consideran contradictorio.
NORMALIZACIÓN
La otra queja hace referencia a una laguna, y es que no aparece en el reglamento ninguna referencia a la manera en la que la Administración regional deberá proceder a la hora de subvencionar excavaciones arqueológicas. No hay ningún artículo que estipule los criterios con los que se han de dar las subvenciones a los investigadores, pero, sin embargo, sí se habla de cómo han de llevarse a cabo las publicaciones de memorias de trabajos realizados con financiación pública. El reglamento ya está aprobado y no hay marcha atrás posible, de modo que la vía que queda abierta es recurrir a la Comisión de Arqueología: «Nosotros vamos a pedir que para las excavaciones haya un plazo normalizado y formalizado para presentar proyectos,que ahora no existe, de modo que es imposible saber ni el criterio ni el importe de las ayudas que Cultura otorga hasta que ya están dadas», concluye Juan Muñiz.
(Fuente: El Comercio / M.F. Antuña)
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