La Guardia Civil recupera del expolio 4.000 piezas celtíberas

La Guardia Civil detiene a un jubilado que desvalijó en 20 años yacimientos de Zaragoza y Soria. La operación está vinculada con la venta de cascos de bronce exportados ilegalmente y subastados en Alemania ante la pasividad del Gobierno.
Un modesto detector de metales al alcance de cualquier aficionado y mucha dedicación. Con esas dos armas de apariencia inocente, Ricardo G., de 60 años, jubilado y que vivía actualmente de un trabajo relacionado con la recogida de la trufa, llevó a cabo uno de los mayores expolios de los que se guarda memoria en España. Durante 20 años desvalijó yacimientos cercanos a su domicilio en Aranda de Moncayo (Zaragoza). Sobre todo, en la ciudad celtibérica de Arátikos, pero también en Tiermes y en los alrededores de Numancia, ambos en Soria. 

Material incautado por la Guardia Civil durante la operación "Helmet".
Foto: Uly Martín / El País

Del sistemático latrocinio ha dado noticia  la Guardia Civil, que ha detenido a Ricardo G. (para dejarlo en libertad tras declarar ante el juez) y se ha incautado de más de 4.000 piezas arqueológicas de diferentes épocas, sobre todo celtibéricas, como parte de la Operación Helmet (casco, en inglés).

La denominación no obedece al azar. Después de todo, del hilo de las actividades de Ricardo G. se pudo comenzar a tirar por unos cascos, en concreto 18 piezas de bronce de excepcional valía, producidas en España entre los siglos IV y II a. C., y salidas del país de forma ilegal para acabar en manos del industrial y coleccionista Axel Guttmann. La alarma la había dado en 2008 el museo Römisch-Germanisches-Zentralmuseum (RGZM), en la ciudad alemana de Maguncia. Fueron sus autoridades las que denunciaron la subasta del valioso lote.

El pasado verano, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, directora de la operación, conoció que se iba a realizar la cuarta subasta en Alemania con otro conjunto de tres cascos. De nuevo, sorprendía su aspecto impecable, muy distinto del precario estado de conservación de las piezas atesoradas en los museos españoles.

Tras las primeras investigaciones, agentes del Seprona y de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil localizaron el lugar del expolio: algún punto de la geografía aragonesa. Fue cuestión de tiempo dar con el presunto autor. En el registro de tres domicilios se hallaron las 4.000 piezas arqueológicas incautadas. El material recuperado fue trasladado a Madrid y el detenido reconoció que en un 90% las piezas provenían de Arátikos. El resto salió de Tiermes (en el término de Montejo de Tiermes) y alrededores de Numancia (Garray).


El tesoro recuperado está en su mayor parte relacionado con el ajuar propio de los enterramientos guerreros: pectorales, puntas de flecha y espadas, corazas, fíbulas, exvotos, joyas y algunas cerámicas, según la Guardia Civil, que también confirmó la presencia de fragmentos de cascos. El presunto expoliador vendía las piezas en el mercado negro. La mayoría iba a parar a las mismas manos: las del ávido coleccionista y magnate alemán de la construcción Axel Guttmann.

Cuando se puso a la venta su enorme colección, el museo de Maguncia denunció que entre los objetos había piezas procedentes de España exportadas ilegalmente.

La fiscalía de Múnich las retuvo y solicitó al Gobierno español que reclamara su legítima propiedad en tres meses. No hubo respuesta. En 2009, 2010 y 2012 se volvieron a subastar nuevos lotes. Y se reprodujo la secuencia: denuncia del museo e inacción de las autoridades españolas.

Raimon Graells, investigador del museo alemán, confirmó este viernes, a partir de las fotografías difundidas, que las piezas pertenecen al horizonte cronológico y geográfico de los cascos cuya venta denunció. “Es importante que el detenido sitúe la procedencia. Sin el contexto, los materiales pierden el 50% valor”. De quienes no hubo demasiadas noticias fue de las autoridades advertidas en varias ocasiones del posible expolio. Tanto Cultura como el Gobierno de Aragón esperarán a conocer más datos antes de pronunciarse.

Quizá todo esto sirva al menos para colmar las aspiraciones de María del Rosario Cabrera. La alcaldesa de Moncayo de Aragón (223 habitantes) solicitó hace meses la declaración de Bien de Interés Cultural para el yacimiento predilecto de Ricardo G.
(Fuente: El País / Jesús Duva / José Angel Montañés)

Expoliar en España sale barato Al hilo de la "operación helmet" el portavoz de la Guardia Civil ha recordado que ‘expoliar un yacimiento arqueológico es delito’, pero es un delito sin definición en nuestro Código Penal. La ley deja claro que el Patrimonio Histórico es un bien colectivo, es decir de todos los españoles; pero en nuestra legislación penal no se recoge específicamente ese hecho delictivo; y se considera hurto, sin más, por lo que los expoliadores sólo pagan multas. Un vacío legal que debiera considerarse en su justo término.